Vivimos un momento crítico. El encarecimiento sostenido de los precios está
penalizando terriblemente a la clase trabajadora, en especial a aquellas personas que
reciben las rentas más bajas. Si en 2021 acabamos el año con un IPC del 6,5% (la tasa
más alta de los últimos 10 años), en lo que llevamos de 2022 el IPC se ha situado ya por
encima del 10%. El invierno está a la vuelta de la esquina y el coste de la energía eléctrica
se ha disparado aún más que a finales del año pasado (50€/MWh era el coste en mayo
de 2021, el pico histórico de diciembre de 2021 alcanzó los 380€/MWh, mientras que
en agosto de este año se ha alcanzado la cifra récord de 459€/MWh).
El transporte ha sufrido un incremento de más del 16,2%, pese a las cacareadas medidas
del plan de choque. La vivienda sigue subiendo a una tasa anual del 23% respecto del
año anterior. Como resultado de todo esto, en la actualidad hay un 43% del inquilinato
(3,2 millones de personas) que pertenecen a hogares en riesgo de pobreza o exclusión
social. Los alimentos suben un 13,5% respecto al año anterior. Por no hablar de la subida
de los tipos de interés y su repercusión sobre las hipotecas y la clase trabajadora.
¿Y los incrementos salariales? Los convenios pactados hasta junio de 2022 cubren a más
de 7.119.0000 personas, siendo la subida salarial pactada promedio del 2,6%. Es decir,
ya se han pactado más de 2.540 convenios en lo que va de año con una inflación
promedio del 9 %. Esto quiere decir que se institucionaliza una pérdida salarial de forma
generalizada del 6,6% hasta agosto. A su vez, el gobierno trata de atornillar aún más esta
tendencia, buscando un acuerdo de “Pacto de Rentas”, una medida en la que vienen
trabajando durante los últimos meses CEOE, CCOO y UGT y que, sin lugar a dudas,
supondrá un empobrecimiento aún más sistematizado de la clase trabajadora. Este
“Pacto de Rentas” se presenta como una herramienta antiinflacionista, muy difundida
por los recetarios conservadores. Una herramienta que establece un control salarial,
pero ninguna clase de control sobre los beneficios. Cabe añadir que el incremento de
salarios en el resto de países de la Unión Europea es un 40% superior, aún cuando la
inflación no está tan disparada como aquí.
Aportaremos un dato más en cuanto a cómo está repartida la riqueza en nuestro país.
La ratio S20/s80 que mide la desigualdad de ingreso entre el 20% de la población más
rica y más pobre en 2021, alcanza el 6,1%. Es decir, el 20% más rico de la población tiene
unas rentas 6,1 veces respecto del 20% más pobre. Este es uno de los indicadores más
altos de la UE. Además, este indicador ha aumentado un 7% en el último año.
Por otra parte, la ciudadanía está sufriendo la deforestación de los servicios públicos.
Menos recursos y menos personal, que impiden a las personas, en muchas ocasiones,
acceder a servicios que son básicos. Y como parche, más oficinas virtuales, que
representan la falsa eficiencia de un sistema que viene reduciendo sus recursos y
servicios a marchas forzadas durante los últimos años.
Por todo ello, las federaciones de ramo de la CGT de Hostelería, Alimentación y
Comercio (FEHAC), Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Crédito, Seguros, Oficinas y
Despachos, Empresas Consultoras de Planificación, y de Ingenierías y Oficinas de
Estudios Técnicos (FESIBAC), Limpiezas y Mantenimiento (FELM), Transportes,
Comunicaciones y Mar (FETYC), Sanidad (FESAN) y Energía, Minería y Químicas (FESIQ)
convocan una manifestación el próximo día 17 de diciembre, además de
movilizaciones sectoriales y territoriales.
La clase trabajadora no puede contemplar esta tremenda agresión sin dar un paso al
frente. Es momento de luchar y de reclamar soluciones y remedios más justos a la subida
de precios. Hay que frenar el estrangulamiento que se perpetrando sobre la clase
trabajadora.
CONTRA LA SUBIDA ASFIXIANTE DE PRECIOS Y EL
ENCARECIMIENTO DE LA VIDA
TOMEMOS AIRE
INUNDEMOS LAS CALLES
