España
es el país de la Unión Europea que más ha devaluado su índice de protección
frente al despido.
El fallo es coherente con sus precedentes, que reitera. Pero introduce matices en sus razonamientos, que merecen atención, porque ofrecen pautas útiles y operativas, a la ley y a la doctrina judicial y jurisprudencial, para dar cumplimento efectivo a la obligación europea de adecuar nuestro sistema indemnizatorio por despido improcedente a la CSER.
Los datos estadísticos evidencian que la devaluación ha creado un sistema legal de incentivos de los despidos individuales, incluso improcedentes (la mayor parte de las demandas no se resuelven por sentencia, sino por conciliación extrajudicial). La reducción récord del coste indemnizatorio por despido (56%) ha llevado a batir marcas en su número.
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