La semana pasada se conoció el pacto del PSOE/UP con EH-BILDU, partido que se ha comprometido abstenerse en la votación del dictamen del anteproyecto de ley sobre la inclusión de los Planes de Pensiones de Empleo, a cambio del compromiso del Gobierno de incrementar las pensiones no contributivas un 15%.
Hasta ahora EH-BILDU se había opuesto a los Planes de Pensiones de Empleo de capitalización con gestión privada por entidades financieras y fondos de inversión, al considerar que suponen un ataque directo al corazón de nuestro Sistema de Seguridad Social, pues se detraen miles de millones de la caja común, se beneficia al empresariado con deducciones fiscales directas en el Impuesto de Sociedades y se les rebaja hasta 435€ por trabajador en las cotizaciones.
Incrementar las pensiones no contributivas en un 15%, es un acto de justicia, y además de redistribución y reparto de manera solidaria con quienes se encuentran percibiendo 5.899,60 € anuales en el 2022, es decir 421,4 € por 14 pagas, la mayoría de las 450.000 personas que perciben este tipo de pensión son mujeres y además, pese al incremento del 15%, van a seguir siendo pobres, muy pobres, y, el estado y el sistema político, seguirá incumpliendo el derecho fundamental a pensiones dignas y suficientes para todas las personas pensionistas.
Posibilitar con este pacto la incorporación de los Planes de Pensiones de Empleo, es renunciar a la defensa incondicional del Derecho Fundamental a percibir Pensiones Públicas suficientes y entregar al mercado privado (empresarios, bancos, fondos de inversión…) recursos públicos comunes, para el beneficio privado de quienes más tienen y en detrimento de los más pobres.
Bruselas lleva apostando mucho tiempo por el desmantelamiento progresivo de los Sistemas de Seguridad Social de los estados miembros, para adaptarlos a uno basado en tres pilares: el primero, obligatorio, universal, público y de reparto que garantice prestaciones mínimas, es decir de supervivencia. Un segundo pilar obligatorio, de capitalización y de gestión privada ligado a la negociación colectiva. El tercer pilar, voluntario, sería de capitalización, individual y como no, de gestión privada.
El estado español a través de su gobierno de PSOE/UP, debido fundamentalmente a la condicionalidad fijada y firmada con Bruselas para poder ser merecedores de los fondos para la recuperación (140.000 millones de euros), en el primer semestre de este 2022, procederá a la incorporación del segundo pilar a través de la Negociación Colectiva, siendo los agentes sociales (CC.OO, UGT y CEOE) quienes garanticen el consenso necesario para este nuevo ataque al Sistema de la Seguridad Social y los partidos políticos quienes voten y certifiquen que la Pensión Pública suficiente y digna para todas las personas, deja de ser un Derecho Fundamental.
Solo existe una manera de parar esta barbaridad y está injusticia social, que todas las personas, pensionistas actuales y quienes lo serán cuando llegue su momento, salgamos a la calle, mostremos nuestra rabia e impidamos con nuestra lucha que se lleven por delante el Derecho Fundamental a una pensión pública digna y suficiente para todos y todas.
Gobierne quien gobierne el Sistema Público de Pensiones solidario y de reparto, se defiende.
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